IIRSA Impacto Modelo Exportador Jornada 15 de junio en Rosario

COMISION AGRONEGOCIOS
Los impactos del modelo agro exportador*


Quiénes compran y quiénes venden

Nadie ignora hoy que la economía mundial no es un sistema que regula y distribuye beneficios entre países productores y compradores, sino que funciona como un conjunto de relaciones de intercambio tremendamente inequitativas, ya que la desigualdad de poder entre las partes implica que una de ellas está casi siempre en posición de imponer condiciones generalmente desfavorables para la otra.

Esta desigualdad se registra tanto entre las naciones como hacia el interior de las mismas, aunque los intereses dominantes al interior de cada nación están íntimamente vinculados con los de las naciones más desarrolladas y, especialmente, con sus grandes empresas transnacionales. Una buena parte de lo que se considera actualmente como crecimiento económico de una nación y que se concibe como progreso, esconde elevados costos socioambientales que las producciones altamente intensivas involucran en pérdidas y destrucción de hábitats y suelos; en contaminación y degradación de suelos y de aguas.

El caso de Sur América y la producción sojera es un ejemplo paradigmático. Tanto en Argentina como en Brasil, Paraguay, Bolivia y también en Uruguay, el sólido crecimiento que viene experimentando esta producción ha producido cambios en las participaciones de los principales productores, reubicando el crecimiento de la producción de Norte a Sur América.

Las proyecciones del United States Department of Agriculture (USDA), que muchas veces intentan marcar ciertas tendencias, indican que la soja es el grano que presentará los mayores incrementos en el volumen producido. Se espera que la oferta mundial de esta oleaginosa crezca a una tasa anual promedio del 3,16 por ciento durante los próximos diez años, hasta alcanzar los 230 millones de toneladas en 2011. Tan sólo en Argentina, la industria privada sueña con una expansión territorial importante, haciendo crecer en sólo cinco años la superficie sojera argentina de 12.300.000 en 2003 a 16.000.000 de hectáreas para 2008.

Estados Unidos, Brasil y Argentina lideran las exportaciones de grano de soja y los mayores importadores son la Unión Europea y China. Los mayores exportadores de harina y aceite de soja resultan, en orden decreciente, Argentina, Brasil y Estados Unidos, siendo la Unión Europea el mayor importador de harina, seguida por el Sudeste Asiático. La India es hoy el mayor importador de aceite.


Lo que se pierde (biodiversidad, nutrientes, agua)

Entre los principales impactos del actual modelo de agro exportación, la pérdida de biodiversidad resulta alarmante en los cinco países de la Cuenca del Plata. Se exporta un sistema productivo hacia regiones altamente sensibles a los cambios. Los ecosistemas nativos se eliminan y son reemplazados, en un proceso incentivado por una política de expansión de la frontera agropecuaria que aporta facilidades crediticias, equipamiento y agroquímicos.

Cuando se elimina el bosque, la retención del agua de lluvia se reduce en forma notable y aumentan la evaporación y los procesos erosivos (hídrica y eólica), se acentúa la amplitud térmica del ambiente, disminuye drásticamente la biodiversidad nativa, se suspenden el aporte de materia orgánica y nitrógeno y se interrumpe el desarrollo de suelos.

El pasivo ambiental generado en tantas regiones de la Cuenca del Plata se suma a la degradación y pérdida de estructura y nutrientes de muchos de los suelos más ricos del mundo. La fuga de materiales –resultado de la erosión–, sumada a una extracción minera de nutrientes por parte de la agricultura y al abandono de las rotaciones con ganadería, está obligando a que estos suelos sean fertilizados masivamente, con agroinsumos sintéticos, en poco tiempo. A estos impactos debe sumarse el envenenamiento de las aguas superficiales y subterráneas, de los suelos y del aire provocado por el uso a gran escala de tóxicos agrícolas -plaguicidas y fertilizantes químicos- por los sistemas de monocultivos a gran escala.

Degradación, erosión, envenenamiento y desertificación tienen una consecuencia ambiental directa, escasamente perceptible hasta que se materializa en la imposibilidad productiva, lo que se manifiesta en algo aún más terrible: el aumento de la pobreza, la devaluación económica de los recursos y el aumento del costo social.

Si la propuesta de la industria agroquímica es únicamente la de recuperación vía fertilización mineral, existen ya fundadas advertencias sobre los riesgos por contaminación con nitrógeno y fósforo a los que nuestros suelos se verán sometidos.

“Argentina ha exportado y exporta millones de toneladas de nutrientes naturales –especialmente nitrógeno, fósforo y potasio– que, por supuesto, no se recuperan de manera sustentable. Sólo para sus principales cultivos –soja, trigo, maíz y girasol– el país exporta anualmente, junto con sus granos, alrededor de 3.500.000 toneladas de nutrientes. La soja, el motor de la agricultura argentina exportadora, representa casi el 50 por ciento de esta cifra” (Walter Pengue, 2003).

Los beneficios alcanzados por algunos sectores no sirven para disimular los daños ya claramente identificados: enormes impactos sociales, expansión y concentración de grandes establecimientos, pérdidas de prácticas sustentables y progresiva desaparición de puesteros, trabajos rurales diversos y pueblos enteros, que ya no son necesarios en el planteo intensivo de producción.


Concentración de la propiedad y expulsión del campo

En Brasil

La agricultura familiar responde hoy por el 38% del valor bruto de la producción agropecuaria, el 84% de los establecimientos rurales y el 77% de la mano de obra del campo. Produce el 84% de la mandioca, el 67% del poroto, el 58% de los porcinos, el 54% de los lácteos, el 49% del maíz, el 46% del trigo, el 40% de las aves y los huevos, y el 31% del arroz que llega a la mesa de los brasileños. Alrededor de un 80% de los municipios del país son esencialmente rurales, y abarcan a 50 millones de personas.
Tan sólo entre 1999 y 2001, 5,3 millones de personas abandonaron el campo, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). El Instituto también registra el cierre de 941 mil establecimientos rurales entre 1985 y 1996; el 96% de ellos, de una superficie inferior a las 100 hectáreas. Por otro lado, la concentración fundiaria aumentó en el país. Tan sólo el 1% del total de propiedades rurales posee el 45% del área agrícola. Se trata de grandes propiedades con más de 1.000 hectáreas. Este proceso de quiebras y abandono de las pequeñas propiedades sólo contribuye al aumento de la miseria y a la exclusión social en los grandes centros urbanos.

En Paraguay

Más de 300.000 familias agricultoras han sido expulsadas del campo: es el país de América Latina que tiene la más alta concentración de la tierra. El último censo agropecuario nacional, elaborado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, indica que el 1 % de los propietarios concentra el 77 % de las tierras. En el otro extremo, el 40 % de los agricultores, aquellos que tienen de 0 a 5 hectáreas, poseen sólo el 1 % de las tierras. Tan sólo 351 propietarios concentran 9,7 millones de hectáreas. Estimaciones conservadoras aseguran que la mitad de las tierras agrícolas paraguayas están en manos de extranjeros. Hoy, los pequeños productores están siendo expulsados de sus tierras por la rápida expansión de la soja y de la ganadería extensiva, presionados por los sojeros y los grandes ganaderos de distintas maneras. Están siendo envenenados y acosados para que vendan sus tierras. Y si no lo hacen, son obligados a ello. El gobierno paraguayo decidió que las fuerzas militares asistan a la policía nacional para reprimir a los campesinos que están reclamando tierras, o invadiendo plantaciones de soja para parar con el monocultivo y recuperar el territorio que les pertenecía. El 72% de los campesinos que reclaman un acceso a la tierra y al crédito en condiciones aceptables, viven en la pobreza extrema.

En Bolivia

La ley 1.715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria fue promulgada el 18 de octubre de 1996 con el fin de materializar la distribución justa de la tierra. En nueve años, el Estado boliviano sólo regularizó bajo esa norma 14 millones de hectáreas; o sea: un 13,1 % de las 107,2 millones de tierras destinadas a la producción agropecuaria y a la explotación forestal. La legislación boliviana prohíbe a ciudadanos extranjeros poseer propiedades en una franja fronteriza de 50 kilómetros, lo que alienta a organizaciones indígenas y campesinos a reclamar la expropiación de esas tierras en su beneficio. El Gobierno está movilizado para verificar denuncias sobre la presencia ilegal de ciudadanos extranjeros en esa franja fronteriza, en particular en las provincias Germán Bush y Ángel Sandoval, del departamento oriental de Santa Cruz, claramente vinculadas con el acceso a la Hidrovía. Según un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), tan sólo 100 familias poseen 25 millones de hectáreas, mientras que dos millones de familias campesinas sólo tienen acceso a cinco millones de hectáreas. El presidente Evo Morales busca reencauzar y agilizar la reforma agraria para revertir la concentración de tierra en pocas manos, la especulación, el tráfico y la transferencia de propiedades a extranjeros.


En Argentina

Entre 1988 y 2002 desaparecieron 103.405 establecimientos a escala nacional, y más del 30,5 por ciento en la Región Pampeana. Alrededor del 70 % de la zona núcleo pampeana no es ni siquiera trabajada por sus propios dueños, sino por distintas variantes de arrendamiento, en buena parte con contrato accidental. La unidad económica pampeana pasó de 257 a 538 hectáreas. Más de 16.600.000 hectáreas en Argentina han pasado a manos de extranjeros o de sus testaferros locales. De los casi 300.000 productores agropecuarios que quedan en el país, tan sólo 4.000 poseen casi la mitad de la tierra: el 1,3 % de los propietarios es dueño del 43 % de la superficie. Cazadores, recolectores o pescadores que tenían acceso directo a sus fuentes de comida y caza en el bosque chaqueño, en las Yungas, en la Mesopotamia, o sus sistemas de producción autosuficientes, hoy han sido expulsados progresivamente a partir del intenso desmonte de sus áreas y territorios: se alteraron sus fuentes de pesca, se les prohibió el acceso al agua y fueron casi imposibilitados para producir incluso sus propios alimentos, que en muchos casos hasta son destruidos por las prácticas y aplicaciones de agroquímicos –tal como sucedió en Colonia Senes (Formosa) recientemente– que se reproduce en todo el norte argentino.

En Uruguay

Con una superficie de 18,7 millones de hectáreas y un poco más de tres millones de habitantes, apenas 190.000 pueblan el campo. Uruguay es un país exportador de alimentos y cientos de miles de uruguayos no reciben buena alimentación. La desnutrición infantil en los hijos de los trabajadores y asalariados rurales ha aumentado, llegando incluso a registrarse varias muertes por esta causa. En 30 años han desaparecido 20.000 establecimientos rurales y 128.000 personas han sido obligadas a abandonar el campo. Según datos del Censo Agropecuario del año 2000 y del Instituto Nacional de Colonización, el 25% del territorio nacional cultivado es propiedad de extranjeros. En el último año y medio, 200.000 hectáreas divididas en predios de más de 1.000 hectáreas cambiaron de propietario. El 90% pasó a manos de Sociedades Anónimas, cuyos verdaderos dueños se desconocen. Más de 660.000 hectáreas están dedicadas al monocultivo de eucaliptos y pinos; 385.000 de ellas son propiedad de nueve Sociedades Anónimas extranjeras, que a su vez pertenecen a grandes empresas multinacionales. Entre 1988 y 2000 las empresas plantadoras forestales recibieron 500 millones de dólares de subsidios de parte del Estado.



Contaminación por agrotóxicos

Con la llegada de los cultivos RG (resistentes al glifosato), el consumo de este herbicida aumentó profundamente, generando un cambio importante en el patrón de uso del mismo, lo que ha facilitado la aparición de malezas tolerantes; hay más de diez identificadas, entre ellas el sorgo de Alepo. Como hipótesis de mínima, ello amerita considerar que próximamente los productores utilizarán mucho más glifosato para intentar controlarla.
Si bien este tipo de herbicidas –que pertenecen a la familia de los fosfitos y son levemente tóxicos– implicarían un riesgo más bajo comparado con otros disponibles, no lo son en muchos casos los productos que se aplican con ellos, tales como los coadyuvantes y surfactantes. En algunas situaciones, estos productos agregados o incluidos en las formulaciones pueden resultar más tóxicos para el medio silvestre o las personas que el herbicida mismo.
La presencia y el incremento de los contenidos de trazas de glifosato en alimentos (que pasaron sus límites permitidos de 0,1 mg/kg a 20 mg/kg.) responden al interés de las compañías en lograr una aprobación y presencia de mayores concentraciones de glifosato en los alimentos derivados de aquellos cultivos que son tolerantes al herbicida.

*Extraído de “Ríos para la Vida. Construyendo propuestas social y ambientalmente justas.La amenaza del proyecto de Hidrovía industrial sobre los ríos Paraguay-Paraná”. Taller Ecologista. Mayo 2006