Sobre la Distribucion del Ingreso- C. Lozano

SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

“EL PROBLEMA NO SON LAS ESTADÍSTICAS,

EL PROBLEMA ES LA REALIDAD”

CLAUDIO LOZANO

Sería saludable que una militante política como Felisa Miceli no repita el comportamiento que normalmente han tenido los Ministros fuertemente vinculados con el poder económico. Por lo general, la característica de estos ha sido desacreditar las estadísticas de INDEC que les resultaron desfavorables en lugar de encarar acciones y políticas que se ocuparan de resolver los problemas reales. Desde Lavagna a Martínez de Hoz, pasando por Cavallo y Roque Fernández, ha sido un clásico el cuestionamiento a las estadísticas de desempleo, pobreza, indigencia y a los propios índices de precios. Empezar a cuestionar las estadísticas es el mejor modo de comenzar a alejarse de la realidad. Sería más productivo reconocer que lo que el INDEC señaló en su último informe sobre distribución del ingreso era algo que bien podía haberse previsto.

La Encuesta Permanente de Hogares viene indicando tres tendencias bien definidas

a) La elasticidad empleo-producto (generación de puestos de trabajo por cada punto de crecimiento de la economía) fue menor en el 2004 que en el 2003 e inferior en el 2005 que en el 2004.

b) La composición del empleo en nuestro país no exhibe alteraciones significativas. El mismo sigue repartiéndose por mitades. Un 50% es empleo registrado y el resto se reparte entre el empleo no registrado y el cuentapropismo dominantemente informal.

c) El empleo registrado que se genera percibe retribuciones salariales inferiores a las históricas .

Las tres tendencias descriptas vienen anunciando ( para todo aquel que las quiera observar) que el “derrame social” de la recuperación de la actividad económica tiende a agotarse.

Las razones son claras. Una economía que revela una elevada concentración, centralización y trasnacionalización de sus capitales; que exhibe una notoria desindustrialización y donde su mercado laboral sigue evidenciando una elevada tasa de desempleo así como una importantísima proporción de empleo ilegal e informal, aún en contextos de crecimiento reproduce condiciones de creciente desigualdad. Para ser precisos, la masa total de ingresos que perciben quienes no son patrones crece por debajo de la evolución del PBI. Por esta razón, las estimaciones de distribución funcional del ingreso que pueden hacerse (más precisas que la propia EPH), siguen indicando que la participación de quienes estan ocupados en el total de PBI, resulta inferior aún a la existente en el 2001, y la tendencia observada indica que luego de la brutal caída del año 2002, hay una ligera recomposición en el 2003 (fruto de la elevada recuperación del empleo) que se transforma en una nueva caída en el 2004 y en el 2005. Lo expuesto decreta la crisis de la lógica desarrollista que campea en política gubernamental y que se basa en creer que “apuntalando la inversión de las grandes empresas, el crecimiento de la economía generará empleo y a través de este se resolverán los problemas sociales que tenemos”. Este criterio es falso y resulta improductivo en el contexto que exhibe la economía argentina. Es justamente esto lo que explica que pese a los años de fuerte recuperación de la actividad económica el cuadro comparativo que puede hacerse es el siguiente:

“El nivel de actividad económica es ya más alto que a comienzos de la crisis (1998). Sin embargo, la tasa de desempleo (sin planes) se superior a la existente en aquel año, el ingreso promedio de los argentinos es inferior al de aquel momento y se ha deteriorado seriamente la relación entre el citado ingreso y los necesarios para cubrir la canasta de pobreza. En razón de lo expuesto, con un mayor nivel de actividad económica tenemos 6 millones de pobres más”.

La conclusión es obvia y contundente. Luego del colapso de la convertibilidad y a posteriori de la devaluación la economía argentina funciona en base a una mayor explotación de la fuerza laboral y con un mayor empobrecimiento de la población.

Por último, el argumento de que la encuesta no contempla la intervención del Estado prescinde de una consideración más general de dicha intervención. La cual, de hacerse, seguramente indicaría una mayor regresividad. Debiéramos considerar:

a) La composición de la carga tributaria y el peso que esta tiene en los diferentes tramos de ingresos. Los estudios disponibles son elocuentes respecto al mayor aporte que en proporción realizan los que menos tienen.

b) Debería evaluarse que en valores constantes el gasto primario del Sector Publico Nacional es inferior al existente en 1998.

c) Debería evaluarse que a valores constantes y per capita hay una fuerte reducción del gasto social.

d) Debería contemplarse que lo sustantivo del gasto social es el gasto en previsión, el cual se explica por los magros haberes jubilatorios vigentes.

e) Debería compararse el mayor gasto en infraestructura social con la expansión de los recursos públicos invertidos en regímenes promocionales que subsidian a las grandes empresas, con la distribución del crédito que realiza la banca pública o con la decisión de cancelar anticipadamente la deuda con el FMI.

f) Debiera evaluarse el impacto contractivo que tiene el Estado superavitario que además destina dominantemente dicho superavit al pago de deuda pública.

Seguramente cualquier encuesta que considere la intervención global del Estado nos indicaría que la regresividad es aún mayor que la que se expone en materia de ingresos. Básicamente porque se trata de un Estado que carece de los instrumentos impositivos, de regulación y de intervención que posibiliten modificar la fuerte concentración de la riqueza vigente en nuestro país.

Volviendo al tema central, la información del INDEC define el fracaso, para distribuir los ingresos, de una concepción que hace de la generación de empleo, de la vigencia de las convensiones colectivas del sector privado y de la sola regulación del mercado laboral formal, sus modos de intervenir en esta problemática.

Al mismo tiempo vuelve a plantearse la necesidad de favorecer y legalizar la participación organizada de los trabajadores y la comunidad, así como también afirma la imprescindible necesidad de impulsar políticas públicas de alcance universal que puedan influir sobre quienes no forman parte del mundo laboral formal. Asignación universal por hijo; Jubilación Universal, Seguro de Empleo y Formación para los desocupados, política de ingresos para los trabajadores públicos de todo el país son algunas de las cuestiones que al no existir explican que no se pueda resolver la injusta distribución de los ingresos.

Claudio Lozano