Introducción.
Además de la continuidad del modelo petrolero instalado en los años noventa, existen tres elementos claves para entender la política petrolera del actual gobierno: la creación de Enarsa, la aprobación de un régimen de promoción para la exploración y explotación, y la profundización de la llamada provincialización de los hidrocarburos.
1-Enarsa: ¿inflexión o continuismo?
El 20 de octubre de 2004 se crea, con la sanción de la Ley 25.943, la empresa mixta Energía Argentina Sociedad Anónima. Según dispone dicha ley y el Estatuto de la misma aprobado por el Decreto 1692 del 1 de diciembre de 2004, el capital social de la empresa tendrá la siguiente composición inicial:
Capital Social Inicial: 50 millones de pesos, constituido por 50 millones de acciones de un peso cada una.
53% Estado Nacional. 26,5 millones de acciones ordinarias Clase A. Intransferibles. Derecho a 1 voto por acción. Deberán ser como mínimo un 53 por cieno del capital social.
12% Estado Nacional y Provincias. 6 millones de acciones ordinarias Clase B y C. Se transfieren a los gobiernos provinciales. Un voto por acción. Son como máximo un 12 por ciento del capital social.
35% Sector Privado. 17,5 millones de acciones preferidas patrimoniales Clase D. Se transfieren al sector privado por oferta pública y cotizan en Bolsa. Sin voto. Ningún accionista podrá poseer más del 3 por ciento de las mismas. Pagan un dividendo 5 por ciento mayor a las ordinarias. Tienen preferencia en caso de liquidación de la Sociedad.
La Sociedad tendrá la titularidad sobre la totalidad de permisos de exploración y concesiones de explotación áreas marítimas nacionales que no se encuentren sujetas a permisos de exploración o en concesión a la fecha de entrada en vigencia de la ley.
Esta adjudicación directa a la sociedad anónima Enarsa se hace en violación de la ley de hidrocarburos que establece el mecanismo de concurso para las adjudicaciones. Luego “Enarsa, al asociarse con otras empresas, "cede" la concesión sin licitación alguna y también resigna la calidad de operador.” (CoCePA[1], 2006).
En su artículo primero se establece que Enarsa “...tendrá por objeto llevar a cabo por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros, el estudio, exploración y explotación de los Yacimientos de Hidrocarburos sólidos, líquidos y/o gaseosos, el transporte, el almacenaje, la distribución, la comercialización e industrialización de estos productos y sus derivados directos e indirectos, así como de la prestación del servicio público de transporte y distribución de gas natural, a cuyo efecto podrá elaborarlos, procesarlos, refinarlos, comprarlos, venderlos, permutarlos, importarlos, o exportarlos...”
Este es un elemento importante ya que posibilita la asociación con otras empresas del sector. En caso de una asociación hipotética al 50 por ciento con otra empresa, dado que el sector público sólo posee el 65 por ciento de Enarsa, el gobierno sólo participaría en un 32,5 por ciento del negocio específico. Tanto de este modo, como por medio del mecanismo de “llevar a cabo por intermedio de terceros” se está abriendo la posibilidad de vender la plataforma continental.
En este sentido podemos mencionar los primeros contratos de Enarsa:
El primero se firma en enero de 2006, para la exploración y explotación en la Cuenca Colorado Marina, donde Repsol tendrá una participación del 35 por ciento y será el operador, Enarsa tendrá el 35 por ciento, Petrobras el 20 por ciento y Petrouruguay el 10 por ciento. Como sólo el 65 por ciento de Enarsa es estatal, la participación final del estado será del 22,75 por ciento.
El otro contrato fue firmado en septiembre de 2006, para la exploración y explotación en la Cuenca Austral, entre Repsol, Enarsa y filial local de la estatal chilena Enap, Sipetrol. La participación será del 33,33 por ciento cada empresa y la empresa chilena será la operadora. Por igual motivo que en el otro contrato, el estado sólo tendrá una participación final del 21,45 por ciento.
En ambos contratos la inversión la adelantan las petroleras extranjeras y Enarsa devolverá luego su parte en la etapa de explotación. El estado pone el petróleo y se lleva un 22 por ciento de las ganancias, de lo que descontará su parte en la inversión. Las trasnacionales sólo ponen “el riesgo” y se llevan el 78 por ciento de la renta petrolera de los yacimientos.
Respecto al riesgo de esas áreas, hay especialistas que afirman que en esas zonas YPF realizó tareas exploratorias en las décadas del 70 y del 80 y que se sabe que hay hidrocarburos.
Otro punto importante a mencionar es el hecho de que se cree una sociedad anónima y no una empresa del estado, esto fue sostenido en los debates parlamentarios sobre la base de las ideas neoliberales acerca de la ineficiencia inherente a las empresas estatales, discurso que fuera hegemónico en las políticas de los noventa y que supuestamente el oficialismo pretende combatir. Las dudas se profundizan si tenemos en cuenta las posiciones del actual presidente en la época de la entrega de YPF: “El 23 de septiembre de 1992 el diario Clarín , que tengo sobre mi banca, presentaba una conferencia de prensa ofrecida por Néstor Kirchner en nombre de la OFEPHI; el día anterior da una entrevista con el ministro José Luis Manzano y decía este diario que los integrantes de esa organización, con Kirchner a la cabeza, se habían propuesto hacer lobby para presionar a los legisladores a fin de aprobar la privatización de YPF”, según sostuvo Rodolfo Terragno[2] en el debate del senado donde se aprobó la creación de Enarsa.
Si existiera una vocación seria de retomar la soberanía sobre el petróleo, el gobierno tiene elementos como para hacer de Enarsa una empresa importante ya que, como sostienen desde la Fundación Illia "si se recuperaran las áreas concesionadas a empresas que están violando la Ley de Hidrocarburos vigente, Enarsa contaría con el 90 por ciento de la producción de gas y petróleo. Claro que para eso hace falta la decisión política de hacer cumplir esa ley, enfrentando a las empresas que operan en forma irregular". (Jorge Vilas, 2005).
Sobre la base de los puntos analizados y considerando que el proyecto es demasiado reciente como para una conclusión tajante, lo que se puede concluir es que no existen elementos suficientes como para creer que Enarsa se inscriba dentro de un proyecto político de recuperación de la soberanía sobre los hidrocarburos y la renta petrogasífera, sino que son mayores los elementos que nos llevan a inferir que estamos ante una continuidad en la política petrolera entreguista que caracterizó a los años noventa.
Al final del debate del Senado, con la aprobación de la ley de creación de Enarsa, se produjo un hecho anecdótico interesante. Cuando el Secretario Estrada dio lectura de los Senadores que se abstuvieron en la votación del proyecto, en vez de pronunciar el apellido del Senador Massoni, pronunció -en un acto fallido- el emblemático apellido “Mosconi”. Claro que, como bien lo observó el grupo Moreno en su resumen de la sesión, el General Enrique Mosconi, lamentablemente, no estaba en el Senado.
2-Exenciones impositivas a las petroleras.
El Congreso de la Nación transformó en ley este año con el voto de la bancada oficialista, el proyecto de ley que el presidente Kirchner envió al congreso para subsidiar a
las empresas petroleras con un régimen de promoción para la exploración y explotación de hidrocarburos.
El paquete de beneficios (se difiere IVA y Ganancias, y se exime del pago de Ganancia Mínima Presunta y de los Derechos de Importación) les llega a las empresas del sector en momentos en que la renta petrolera supera los 16.000 millones de dólares anuales, de los cuales éstas se llevan unos 11.000 millones de dólares. Les llega, además, después de 16 años de depredación de estos recursos naturales estratégicos no renovables, que son el Petróleo y el Gas.
Además se les va prorrogar los contratos firmados durante el menemismo, mediante la subdivisión de áreas, siempre que en las nuevas pueda participar ENARSA.
Durante estos años las trasnacionales petroleras no exploraron ni desarrollaron nuevas áreas, como se establece en la Ley de Hidrocarburos, sino que se limitaron a intensificar la explotación de las áreas que YPF les entregó exploradas, desarrolladas y, en muchos casos, en producción. Además, en violación a esa misma ley que establece en un máximo de 5 áreas por empresa, las mismas concentraron gran cantidad de áreas, principalmente la Hispano-Estadounidense Repsol que posee más de 80 áreas.
En la argumentación del proyecto oficialista, la diputada fueguina Rosana Bertone dijo que la participación de ENARSA en las áreas que surjan de la subdivisión, “le permite ingresar en las áreas ya concesionadas a privadas y recuperarlas para el Estado”. Esto es una falacia, principalmente porque esas áreas (y la casi totalidad de áreas) se recuperan para el Estado simplemente con aplicar la Ley de Hidrocarburos, que pena con la caducidad de los contratos a las empresas que no hayan explorado.
Además el texto aprobado no establece que el Estado será socio mayoritario de esos negocios, sino por el contrario se menciona la libertad de Enarsa de renunciar al derecho a participar de los mismos. El ejemplo de los negocios exploratorios en los que ENARSA viene participando es claro: los privados son mayoritarios y son los operadores de las áreas.
De modo que lo que el presidente Kirchner o el Congreso deberían hacer si realmente quieren recuperar la soberanía sobre el Petróleo, el Gas y la gran renta que su explotación genera, es anular los ilegales decretos menemistas con los que se transfirieron las áreas al sector privado y reestatizar YPF y Gas del Estado. La lógica para salir de la crisis generada por el entreguismo es revertirlo, nunca profundizarlo.
3-Provincialización del subsuelo.
Sobre la base de un acuerdo firmado entre los gobernadores de la Ofephi y el ministro de planificación Julio De Vido, se promulgó una modificación a la Ley de Hidrocarburos que profundiza la política de provincialización de las riquezas hidrocarburíferas del subsuelo argentino, política impulsada a principios de los noventa por Néstor Kirchner, cuando presidía esa organización que nucléa a los gobernadores de las provincias petroleras.
En el acto, encabezado por Nestor Kirchner en Casa de Gobierno, se anunció la conformación de una comisión para el traspaso de las áreas y se decidió el envío al congreso de un proyecto de ley para transferir las áreas. Según señaló De Vido, “al final de las concesiones de las áreas petroleras, las provincias podrán reconcesionarias para provecho de sus poblaciones”.
Con la Ley 24.145 de Federalización del Subsuelo y Privatización de YPF, se había dispuesto que una Comisión de Provincialización de Hidrocarburos debía presentar al Poder Ejecutivo un proyecto modificatorio de la Ley de Hidrocarburos antes del 31 de diciembre de 1992. La Comisión nunca se constituyó y la transferencia no fue posible. De modo que el artículo primero de la Ley de Hidrocarburos continuó vigente, estableciendo que los mismos “pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado Nacional.”
El acuerdo entre el Ejecutivo y la Ofephi consistió en el proyecto que el congreso transformó en ley, de modificación del artículo primero de la Ley de Hidrocarburos, de modo que esas diez provincias reciben, además de la propiedad originaria del subsuelo, la propiedad útil o jurisdiccional. Se conoce el proyecto como “ley corta” y fue aprobado en el congreso en los meses de noviembre y de diciembre.
De este modo serán los gobernadores de esas provincias quienes concesionen una riqueza que es de todos los argentinos.
Esta política tiene sus antecedentes en la década del veinte cuando las oligarquías de las provincias petroleras se opusieron a la nacionalización del petróleo argentino y al desarrollo de YPF, y conspiraron contra el gobierno constitucional de Irigoyen. Los senadores de esas provincias querían la provincialización, para facilitar la entrega del recurso nacional a la Shell y a la Standar Oil.
Recordemos además que en el año 2003 el presidente Kirchner y el ministro De Vido firmaron un decreto que permite a las provincias licitar áreas petroleras nuevas y/o secundarias.
De este modo se profundiza la política petrolera de desnacionalización que caracterizó al menemismo y se completa el negocio con el que Menem compró su reelección: el artículo 124 de la Carta Magna, por el que le corresponde a las provincias "el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios" aprobado en la reforma del 94. Además, dado la gran dependencia hidrocarburífera de la matriz energética argentina, esto significa en los hechos la renuncia directa por parte del Estado Nacional a cualquier posibilidad de desarrollar y conducir una política energética nacional.
Conclusión
Estos tres ejes de la política petrolera actual: entrega de la plataforma continental por medio de Enarsa, privilegios impositivos a las petroleras y la entrega de las reservas de hidrocarburos a las provincias petroleras; sumados a la continuidad de políticas características de los años noventa como ser: falta de control del accionar de las petroleras en materia de producción, inversiones, cuidado del medio ambiente; aceptación de permisos y concesiones que violan la Ley de Hidrocarburos, a favor de las petroleras; y libertad de exportación de crudo, derivados y gas; nos permiten concluir que la políticas petroleras estreguistas de los noventa continúan y se profundizan con el actual gobierno.
Esto se da en un contexto latinoamericano más favorable a políticas energéticas soberanas, como lo demuestran principalmente Venezuela, Bolivia y Ecuador; donde los gobiernos han retomado el control sobre los recursos hidrocarburíferos y la renta petrogasífera, orientando su uso al servicio del desarrollo social y cultural de sus propios pueblos.
[1] Comisión Nacional para la conmemoración del Centenario del descubrimiento del Petróleo Argentino, integrada por miembros del Grupo Moreno, de la Fundación A. Illia, de FeTERA, de la CTA, del CEDEN, del IADE y numerosas personalidades de los ámbitos académico, social y político de nuestro país.
[2] Entre fantasmas a veces se pisan la sábana: Terragno en el año 1988 había intentado sin éxito la privatización de YPF mediante el Petroplán, instancia en la que había representado los intereses de la Shell y de la Cámara de la Industria del Petróleo, al impulsar el plan privatista presentado por el presidente de las mismas, J. Schraven.
diciembre 2006
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