Informe preliminar: Presupuesto Provincial. Salarios

Introducción

El análisis del presupuesto revela algunos de los intereses de quienes controlan las estructuras del Estado tanto como algunos de los mecanismos con los que cuentan para perpetuarse en el poder. Este razonamiento, a su vez, nos da una idea de cuales son los grupos que están detrás de quienes gobiernan (grupos económicos, por ejemplo) y de la forma de relaciones que entre ellos se establece. En otras palabras, el análisis del presupuesto colabora en desnudar la esencia clasista de un Estado.

Viéndolo de este modo, no es sorprendente que el presupuesto trate a las remuneraciones de los trabajadores estatales como un costo que hay que minimizar y que en lugar de fijarlas atendiendo a las necesidades concretas de los trabajadores, las fije en relación a la evolución del mercado laboral. Tampoco sorprende que tal como sucede en el sector privado, el Estado obligue a sus trabajadores a aceptar contratos precarizados.

Esta lógica redujo los ingresos de los trabajadores del Estado durante los primeros años de la presente década y no les permitió evolucionar con el resto de las variables económicas, retrasándolos respecto del total de gastos e ingresos provinciales y de la evolución del PBI. Los bajos salarios estatales terminaron siendo la variable clave que explica el superávit fiscal obtenido por la provincia. Fueron los trabajadores, en definitiva, quienes financiaron los superávits de la provincia de los últimos años.

Suele decirse, particularmente en los últimos años, a través de los medios de comunicación, en los ámbitos académicos, etc, que un Estado es saludable si tiene superávits fiscales. Se repite nuevamente la lógica privada pues nadie discutiría que una empresa es saludable si tiene ganancias (o sea, si es rentable). Es profundamente preocupante que del mismo modo en que la salud de una empresa privada se basa en su capacidad de apropiación de parte del trabajo de sus empleados, la salud del Estado se base en los menores salarios que pueda pagar.

No está de más aquí preguntarse acerca de está lógica imperante de necesidad de un superávit fiscal. ¿Para qué necesita la provincia un excedente anual de recursos?. El gobierno de Santa Fe cuenta con una cifra cercana a los 2.300 millones de pesos entre lo que tiene “en caja” y en depósitos en bancos privados (como el Banco de Santa Fe) que lucran con estos fondos públicos, que pertenecen a todos los santafecinos, y que fueron arrancados de los salarios de los trabajadores estatales.

Más allá de lo saludable o no que sea la obtención de un superávit en las cuentas públicas, es seguro que el retraso de los salarios públicos no es la medida más justa de lograrlo. En una provincia como Santa Fe, en la cual la recuperación económica se sintió con más fuerza por las características particulares del modelo económico instaurado, es vergonzoso que el Estado provincial alegue no recaudar lo suficiente como para pagar salarios dignos a sus trabajadores. En lugar de esto, el gobierno exime del pago del impuesto sobre los ingresos brutos indiscriminadamente a toda empresa del sector industrial de la provincia, permite márgenes extraordinarios de ganancias en el sector de la construcción, la subestimación de los avalúos fiscales rurales, entre otras cosas.

En última instancia, la decisión de cuanto pagar a los trabajadores del Estado es una decisión política del Gobierno que es quien decide tener o no un superávit, así como la forma de obtener sus recursos y de realizar sus gastos. En este contexto, de ningún modo se puede aceptar como válida una respuesta negativa, por parte del Gobierno a quienes exigen justos aumentos salariales.

Evolución de las remuneraciones estatales en la Provincia de Santa Fe

En lo subsiguiente nos centraremos en el análisis de las remuneraciones que eroga la provincia de Santa Fe con el objetivo de analizar cómo evolucionaron las mismas a lo largo de los últimos años. Consideramos que analizar la evolución de las variables macroeconómicas a partir del año 2001 nos puede llevar a interpretaciones tergiversadas de la realidad. Por lo tanto, las comparaciones que haremos se remontarán, en lo posible, a los años de la década 1990.

En el Cuadro Nº 1 se presentan las series de remuneraciones entre los años 1991 y 2005^[1], en relación con variables de relevancia como el PBG (Producto Bruto Geográfico de la Provincia de Santa Fe), total de recursos, total de los gastos y total de recursos corrientes.

Se observa que las remuneraciones van perdiendo peso a lo largo de todas las series, es decir se destina cada vez menos de lo recaudado y de lo gastado al pago de salarios.

Al analizar la evolución de la participación de las remuneraciones sobre el Producto Bruto Geográfico (PBG) podemos observar que las mismas tienen una participación mucho menor en el total de lo producido en la provincia en 2005 con respecto al año 1998. Mientras que desde 1998 (el mejor año del período analizado) el PBG se duplicó (creció un 103%), las remuneraciones sólo aumentaron un 57%. Esto último implica que las remuneraciones del sector público no acompañaron al crecimiento del sector privado.

Quizás más significativo aún, resulta la comparación entre los recursos totales y la cantidad que se destinó al pago de remuneraciones. La provincia de Santa Fe no recompuso la proporción de salarios que pagaba durante los años 90. Recauda más, gasta más, pero no paga más sueldos. Mientras la recaudación aumentó de 2002 a 2005 en un 90% (casi se duplicó) lo que paga en sueldos subió tan sólo un 66%.

La comparación se torna más abrumadora si tenemos en cuenta los años de la década de 1990. Entre 1991 y 2000 por cada 100 pesos que recaudaba la provincia, destinaba en promedio 42 pesos al pago de salarios. Sin embargo, en los últimos tres años de la serie este número bajó a 35 pesos. La mano de obra pasa a ser tratada como un costo que hay que bajar, como un insumo de la producción. Es la lógica neoliberal llevada al extremo. Mientras cada año el superávit crece, es decir, se recauda y se guarda más dinero, los trabajadores se empobrecen. La torta crece, pero la porción de los trabajadores es cada vez más chica.

VER CUADRO

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[1] Se presentan datos hasta el 2005, dado que son los años para los que se disponen valores efectivamente ejecutados. Para los años 2006 y 2007 se cuenta con los datos presupuestados. Esto no tendría importancia si los valores finalmente coincidieran (ver apartado siguiente).

El total de remuneraciones debe ser, además, cotejado contra el índice de inflación con el fin de analizar el poder adquisitivo de los mismos. Los aumentos que otorga la provincia no pueden ser menores que el cambio en el costo de vida. Para hacer este análisis, es preciso fijarse en cuánto se ha modificado la planta y deducir lo presupuestado per cápita.

El cuadro Nº 2 presenta la evolución de los salarios reales desde 1998 a 2007.
VER CUADRO

En este cuadro podemos observar como, a pesar de los aumentos que se dieron durante el 2005 y 2006, aún no se recuperaron las remuneraciones en términos reales que los asalariados del estado provincial tenían hacia finales de la década de los 90. En un contexto de fuerte crecimiento del Producto y los recursos de los cuales dispone la administración, esta demora en la recuperación de los salarios es lo que explica en buena medida por qué hubo superávit dentro de las cuentas provinciales, permitiendo la acumulación de cuantiosas sumas de dinero. Así, los trabajadores financiaron los superávit de la provincia, cobrando sueldos miserables, alejados del crecimiento del nivel general de precios.

Fuente: Ministerio de Hacienda, Dirección general de Programación y Estadística y elaboración propia.

Subestimación del superávit

Se debe tener en cuenta que los datos presentados en el Cuadro Nº 1 son los recursos y gastos efectivamente ejecutados, no los presupuestados. En el Cuadro Nº 3 se presenta la diferencia entre lo que se presupuestó y se ejecutó para los años 2002 a 2006.

VER CUADRO

Como se puede observar en el Cuadro Nº 3 los recursos y gastos corrientes fueron subestimados a lo largo de la serie, aunque estos últimos en menor proporción a excepción del año 2003. Asimismo, cabe destacar que los rubros “Otros Gastos de Consumo” e “Inversión Real Directa” fueron sobreestimados por el gobierno provincial.

Como consecuencia de lo anterior, se produjo una subestimación del superávit económico para todos los años (a excepción del año 2003) y del superávit financiero para los últimos tres años de la serie. Es decir, no sólo se presupuestó superávit, sino que el mismo se presupuestó en una cantidad menor a la que finalmente fue. El gobierno provincial hace gala de esto como un logro cuando en realidad debería ser una vergüenza.

La lógica que sostiene este superávit permanente es, desde el punto de vista de la administración, la generación de un “fondo anticíclico”, es decir, la acumulación de dinero para cuando vengan tiempos de bajas recaudaciones, gastarlo. Se utilizaría este recurso como un gasto corriente en el futuro. Para que esa masa gigantesca y en constante crecimiento de dinero no permanezca “ociosa”, se la deposita a plazo fijo para que rinda intereses. Desde una perspectiva más amplia, con un criterio macroeconómico, volcar esa plata a los ciudadanos (particularmente en forma directa, es decir, en forma de remuneraciones) no sólo propiciaría un efecto multiplicador sobre las cuentas provinciales, sino también sobre el resto de la economía. Aumentaría el consumo y el ahorro privado.

La negociación salarial en este contexto

En el anexo se puede ver una estimación de lo que costaría pasar al básico de todos los trabajadores de la provincia las sumas que actualmente son no remunerativas. Los resultados hallados dan muestra de algunos elementos que dificultan llevar a la práctica esta idea.

El problema que presenta este análisis es que plantea una falsa dicotomía. Es una lucha vana tratar de encontrar un número exacto que nos diga cuántos pesos cuesta blanquear a los compañeros, esa es la lógica que plantea el gobierno provincial. Como los básicos son tan diferentes (hay básicos desde 59 pesos hasta más de mil), pasar todo lo no remunerativo a los mismos conllevaría a que se den situaciones en las cuales algunos compañeros tengan aumentos de, quizás, un 100% y otros queden con su salario tal cual están.

Por otra parte un escalafón tan complejo plantea una problemática a la hora de la discusión salarial por el hecho de que es imposible adoptar criterios generales de negociación. De este modo, se convierte en imprescindible la simplificación de los componentes del salario: básico, antigüedad, título, etc, pero similares para todas las reparticiones de la provincia.

Anexo

La situación actual: Presupuestación Cuenta Remuneraciones 2007

El presupuesto provincial del ejercicio 2007 estima ingresos en función de suponer un crecimiento del producto del 4,5% y una inflación del 10% anual. Las erogaciones corrientes y de capital totalizan el monto de 8.147,53 millones de pesos mientras que los recursos alcanzan los 8.448,05 millones de pesos dando por ende un resultado financiero superavitario de $ 300,52 millones.

En el caso de la administración central, la cual se compone mayoritariamente por los trabajadores de la educación (47.635), los trabajadores de la salud (15.785) y los trabajadores del Ministerio de Gobierno Justicia y Culto (21.012), las erogaciones corrientes totalizan 5.344,2 millones de pesos y los ingresos corrientes 6.755,4, obteniéndose por ende un resultado económico de 1411,1 millones de pesos. Sumados los recursos de capital y deducidos sus gastos, la administración central logra un resultado financiero de 895,3 millones de pesos.

A su vez, ésta poseerá según el presupuesto 2007 una planta de 95.899 trabajadores los cuales implican remuneraciones presupuestadas por 3.089.199.251 millones de pesos. Las erogaciones medias por trabajador por ende son de 2.685 pesos por mes.

Partida Remuneraciones por trabajador, por mes	2.685
Partida Remuneraciones por trabajador por año	32.220
Total de trabajadores	95.899
Total de la partida remuneraciones	3.089.199.251

Fuente: Ley de presupuesto provincial en www.portal.santafe.gov.ar

La partida de remuneraciones, que como dijimos, según la ley de presupuesto del año 2007 prevé un monto de 3.089 millones de pesos, incluyen no solo los salarios netos para los trabajadores de la administración central, sino también las contribuciones patronales y aportes que no representan ingresos directos para los mismos. Es decir,

	R: Monto partida remuneraciones W: Salarios Netos A: Aportes del trabajador a la SSJJ, IAPOS y sindicato CP: Contribuciones Patronales

R = W + A + CP

A su vez, el salario neto (W) tiene dos componentes: montos remunerativos y montos no remunerativos.

	W: Salarios Netos MR: Montos Remunerativos MNR: Montos no Remunerativos

W = MR + MNR

Sobre los primeros se calculan los aportes patronales (6% IAPOS y 17,2% Caja de jubilaciones) y los aportes del trabajador (4.5% IAPOS, 14.5% Caja de jubilaciones). A los segundos se los suele denominar “salario en negro”, debido a que los mismos no erogan aportes patronales y del trabajador.

Por ende tenemos que,

A = 0.06 * MR + 0.172 * MR

= 0.232 * MR

CP = 0.045 * MR + 0.145 * MR

= 0.19 * MR

Es así que las remuneraciones (R) están compuestas por:

R = W + A + CP

R = (MR + MNR) + 0.19 * MR + 0.232 * MR

R = 1.422 * MR + MNR

A su vez los montos remunerativos se subdividen en tres partes: el básico (B), los montos bonificables (MB) que son aquellos que se ven afectados ante una variación del básico, y los montos no bonificables (MNB) que se mantienen constantes ante variaciones del mismo.

R = 1.422 * (B + MB + MNB) + MNR (1)

Donde MB = h * B

R = 1.422 * (B + h * B + MNB) + MNR

R = 1.422 * (1 + h) * B + 1.422 * MNB + MNR

La ecuación (1) se puede rescribir como

R = 1.422 * (k1 * R + k2 * R + k3 * R) + MNR

Donde k1 + k2 + k3 = 1[2]

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Por lo tanto h = k2 / k1

Donde k1, k2 y k3 son parámetros poblacionales. Empíricamente se obtuvieron dos casos extremos que sirven a los fines de obtener un rango del incremento presupuestario ante el “blanqueo” de las remuneraciones salariales.

Aumento presupuestario	Extremo inferior	Extremo superior
K1	0.42	0.08
K2	0.57	0.34
K3	0.01	0.58
h	1.35	4.44

Lo anterior esta de acuerdo a la composición de la planta de los trabajadores de la administración central, en la cual los trabajadores del Ministerio de Educación de la Provincia representan el 49,6% y siendo estos los que poseen básicos altos en términos relativos a su ingreso (k1 mayor a 0,4), el incremento de la partida remuneraciones ante el blanqueo de un peso hace que tienda a incrementarse entre $2,31 a $6,42

Se concluye que por cada peso que se “blanquee”, es decir que se pase de no remunerativo al básico dada la estructura salarial o escalafón actual, la provincia debería aumentar como máximo $6,42 la partida remuneraciones por cada peso que pase de ser no remunerativo al básico en los recibos de los trabajadores de la administración central, y como mínimo, $2,31.

Lógicamente la estimación puntual del incremento de la partida remuneraciones ante el blanqueo de cada peso, tenderá hacia el extremo inferior debido a que la mayoría de los trabajadores pertenecen a los ministerios de educación y justicia los cuales poseen básicos altos en relación con los montos remunerativos.

Natalia Pérez Barreda / Lavih Abraham / Marco Kofman

José Ramírez Costa / Augusto Comisso

Apuntes de Borrador de Informe preliminar Presupuesto 2007:

Sobre el informe desarrollado queda claro la necesidad de repensar un nuevo escalafón para todos los empleados de la Administración Publica Provincial. No es un detalle menor que en esta provincia no existan Convenios Colectivos para los trabajadores, y que el Estatuto de Escalafón que los rige fue “sancionada” en épocas del proceso militar (1979). Entonces cualquier consideración sobre salarios debe iniciarse en una nueva Ley de Convenios Colectivos donde sean los trabajadores en debate con plebiscito, quienes evalúen y aprueben cualquier propuesta sobre Salarios, Estatuto Escalafonario, Condiciones Laborales, Carrera Administrativa, etc.

El eje de discusión, en cuanto a Salarios, no alcanza con blanquear los cuantiosos adicionales de no remunerativas no bonificables ni debe instituirse como prioridad excluyente, sino establecer cuánto vale la fuerza laboral de los trabajadores del Estado. La política salarial la fija las necesidades del trabajador y la equitativa distribución de la riqueza que genera. Debe entonces, fijarse un Salario Mínimo Vital y Móvil superando las exiguas cifras de la canasta de la pobreza (canasta familiar)

El Estado santafesino está en condiciones de otorgar un salario digno para sus trabajadores, y no comportarse como patrón- empresario que fijan cuánto quieren pagar en función de su política de superávit: ... “ La mano de obra pasa a ser tratada como un costo que hay que bajar, como un insumo de la producción. Es la lógica neoliberal llevada al extremo. Mientras cada año el superávit crece, es decir, se recauda y se guarda más dinero, los trabajadores se empobrecen. La torta crece, pero la porción de los trabajadores es cada vez más chica. “(sic)

El gobierno “administra”, no implementa políticas de Estado tendientes al bienestar de los ciudadanos ni mucho menos de sus empleados, por tanto los salarios pasan a ser gastos (ver informe sobre “Reconversión del Estado”). El desorden provocado por las no-remunerativas en los salarios lleva a que un mismo nivel o categoría de la Administración Central no perciba la misma suma de bolsillo en igualdad de condiciones. Ante tanta disparidad se acentúa la inequidad, resulta más complejo plantear la premisa: A Igual trabajo Igual remuneración.

La participación de los trabajadores estatales en el reparto de la riqueza es cada vez menor. Conocer que el superávit lo financian los empleados públicos es darle un giro a cualquier tipo de negociación. Hay disponibilidad de dinero, hay ahorros en cuentas bancarias que en el 2005 alcanzaba a 2.000 millones de pesos, debe haber una decisión organizada de reclamar el derecho a un justo salario.

Coordinación IEF- Reg. Rosario

Charlas y Conferencias

Coyuntura económica, crítica de la visión oficial.

(Apuntes de la conferencia de Claudio Lozano del día 27/9/2005 en el colegio San José, Rosario.)

Se están instalando visiones cortoplazistas, asociadas a la intencionalidad de reinstalar la falacia del “derrame” como forma de resolver los problemas de la economía. Estas visiones se sostienen en 3 ideas:

a) La Argentina está en Crecimiento.

b) Los indicadores sociales son cada vez más favorables (lo social mejora)

c) Se está constituyendo un “capitalismo nacional”, con su consecuente efecto de derrame de largo plazo para toda la sociedad.

En primer lugar, dos argumentos nos muestran que no existe tal “derrame” para el futuro y que por el contrario, estaríamos encerrándonos en una especie de círculo tautológico de la pobreza.

1. Más allá de la presentación “optimista” del momento actual, con indicadores económicos y sociales en aumento, alrededor del 60 o 70% de los menores de 18 años están viviendo bajo la línea de pobreza. Dejando de lado cualquier concepción ética acerca de la pobreza y sus efectos, estamos hablando de 8 millones de jóvenes que no tienen la posibilidad de “capacitarse” debidamente. Sabido es por todos, que el capital humano es un elemento esencial para el desarrollo económico por sus efectos sobre la productividad de la economía, sin embargo, la situación de la Argentina presenta un estado de involución de estos factores. La calificación de la mano de obra hasta hace poco tiempo, inclusive hoy, es bastante alta comparándola con lo que depara una futura mano de obra con 8 millones de jóvenes imposibilitados de acceder a una educación satisfactoria (no digamos buena).

2. El actual modo de explotación económica se sustenta en la depredación (o sobreexplotación) de los recursos naturales. Estamos hablando de la depredación del suelo por la cosecha de soja, de la pesca indiscriminada, de la minería con todos los impactos ambientales que conlleva, del petróleo y del gas, el primero de estos, con reservas disponibles para tan sólo 7 u 8 años y el segundo no más de 13 años. Todos estos recursos naturales hoy representan importantes sumas de dinero para la economía argentina, pero continuando con este modo de explotación en el futuro (no muy lejano) dejarán de existir, y esta “ventaja” se perderá.

En segundo lugar, cabe también preguntarse si las ideas en las que encuentran sustento estas visiones del “derrame” son ciertas.

¿La Argentina se encuentra en un proceso de crecimiento económico?

En el año 2005, el PBI por habitante será menor que el de 1974, lo que muestra un proceso de 30 años de estancamiento estructural, que analizado de esta forma, sólo presenta momentos coyunturales de subas y bajas de los indicadores económicos. Quizás deba entenderse el actual incremento de los índices de actividad dentro de este marco.

Los datos nos muestran que estamos llegando al mismo nivel de actividad que en 1998, pero por la devaluación, los negocios de la economía son distintos, y por la particularidad de estos, se puede alcanzar un mismo nivel de riqueza con distintos indicadores sociales, y si bien el nivel de actividad es similar al de 1998, la pobreza y el desempleo son mayores, y el ingreso per-cápita es mucho menor.

Por otro lado, el gobierno nos muestra como favorable un estado con superávit y grandes volúmenes de recaudación. Sin embargo, si quitamos el efecto distorsivo de los precios (por ejemplo sobre el IVA), resulta que la recaudación es aún inferior para similares impuestos que en 1998.

¿Por qué hay superávit? Si la recaudación en términos reales no aumentó, entonces el motivo del superávit es la reducción del gasto público en términos reales, el mismo, es un 22% menor que en 1998. Pero dentro del gasto público, se expande el gasto en inversión pública, y es entonces, la reducción en gastos corrientes (salud, educación, salarios) el motivo de este superávit.

Estas observaciones permiten la enunciación de dos pequeñas conclusiones, primero, si con un mismo nivel de actividad, hay más pobreza y salarios menores, lo que se da en realidad es un aumento de la explotación de la clase obrera. Segundo, el aumento en la inversión pública y el pago de la deuda se realizan a expensas del pueblo que deja de percibir salud y educación.

¿Lo social realmente mejora?

Los indicadores sociales son mejores si los comparamos con el año 2002, pero entendiendo la evolución de estos dentro del marco de 30 años planteado anteriormente, lo que realmente esta aconteciendo es la estabilización en un nuevo escalón hacia abajo, un escalón más de estos últimos 30 años.

Toda crisis (75-76, 82, 89-90, etc.) provocó una fuerte caída de estos indicadores y luego, pasada la crisis, los indicadores se estabilizaban en un nivel superior al del peor momento de la crisis, pero siempre inferior al nivel anterior a la crisis. Así, en 1978, estábamos mejor que en 1976, pero peor que en 1974; en 1993, mejor que en 1990, pero peor que en la década de 1980, etc.

Si comparamos con un promedio de la década de los 90, la pobreza es hoy un 57% más alta, la indigencia un 300% mayor y el ingreso per-cápita un 15% menor.

Los siguientes elementos son los que nos hacen pensar en que se está estabilizando un escalón más abajo y que el derrame social del crecimiento económico es cada vez menor:

· La pobreza baja cada vez menos: entre el primer y el segundo semestre de 2004, la pobreza descendió de un 44% a un 40%, entre el segundo semestre de 2004 y el primero de 2005, la pobreza descendió, tan sólo, desde 40% a 38,5%.

· El nivel de actividad es similar al de 1998, pero en ese año la pobreza era del 30%.

· Cada vez se está generando menos empleo.

· La mitad del empleo es empleo en negro.

· El empleo registrado (en blanco) es cada vez menos remunerado (es decir, para el mismo empleo, los salarios son menores para los que ingresan hoy que para los que ingresaron ayer)

Otro elemento a considerar es el de los datos que se utilizan para construir los indicadores sociales. En primer lugar, el INDEC utiliza una metodología vieja, a pesar de tener a disposición una nueva metodología que si la utilizara, los números serían distintos, y los indicadores sociales más desfavorables. En segundo lugar, las magnitudes no consideran la situación de vulnerabilidad en que se hallan miles de hogares de Argentina, producto del proceso inflacionario. Un aumento de tan sólo un punto porcentual de la inflación implica que 145 mil personas pasan a ser pobres.

¿Se está presenciando la construcción de un capitalismo nacional?

Las 200 firmas más importantes llevan a cabo el 50% de las ventas totales del país. De estas 200, 136 son extranjeras, y el resto son grupos económicos que se parecen más bien a las multinacionales girando las ganancias al exterior.

La Pymes no se desenvuelven en ninguno de los sectores centrales de la economía como son los sectores del petróleo, la minería, la agroindustria. Lo que se da es el fenómeno de pocas y grandes empresas controlando pocos sectores. La mayoría de las Pymes se encuentran en el sector de servicios y por la devaluación, las ganancias en este sector se redujeron considerablemente.

Las ganancias se hallan principalmente en las actividades extractivas y de fuerte uso de recursos naturales. Siendo la simple existencia de estos recursos y la disminución del costo de la mano de obra, las causas principales de la ganancia. Se obtiene ganancia sin necesidad de invertir, por lo tanto, no se realizan inversiones importantes.

Algunos datos acerca de la distribución del Ingreso:

Los hogares argentinos gastan lo suficiente como para que 120 millones de personas estén por encima de la línea de pobreza.

De cada 100$, 65$ se los queda el 30% más rico: el mercado de los ricos es distinto que el debe atender las necesidades de 15 millones de pobres, el ingreso de este 30% se dirige principalmente a productos importados y bienes inmobiliarios del sector automotriz. Esta orientación del mercado genera inversiones particulares, por ejemplo, dos tercios de la inversión es en el sector de la construcción.

Situación de los hidrocarburos en Argentina

Introducción: dependencia del petróleo y el gas.

Uno de los rasgos del Modelo Productivo Argentino es su alta dependencia del petróleo y el gas natural como fuentes de energía primaria (en estado natural). De las distintas fuentes de energía primaria: hidroenergía, combustibles nucleares, petróleo (41,5%), gas natural (48,8%), carbón mineral, leña, bagazo, eólica, solar, etc) el petróleo y el gas natural constituyen más del 90% de la Oferta Total, para el año 2004. Ese año, la Oferta Total de Energía Primaria fue de 87,2 millones de TEP (toneladas equivalentes de petróleo) de los que se exportaron 15,1 millones TEP.

Acá vemos otro rasgo característico del Modelo Productivo Argentino: la exportación directa de recursos energéticos. A los 15,1 millones de TEP de energía primaria deben adicionarse 8,4 millones de TEP de energía secundaria (elaborada a partir de las fuentes primarias).

Una parte de los recursos son utilizados en la elaboración de fuentes secundarias, de las que se destina una parte al consumo propio de las empresas del sector energético. Luego una parte de los subproductos obtenidos tienen un destino no energético. Finalmente los sectores socioeconómicos consumirán en 2004 unos 42 millones de TEP: transporte 30,3% (diesel oil, gasoil, gas distribuido por redes y motonaftas); industrial 27% (gas distribuido por redes y electricidad); residencial 23,5% (gas distribuido por redes, electricidad y GLP); agropecuario11,1% (diesel oil y gasoil) y comercial/público 8,1% (electricidad y gas distribuido por redes).

Si tenemos en cuenta que más de la mitad de la energía eléctrica es generada a partir de gas natural y petróleo en las centrales térmicas, vemos que el Modelo Productivo Argentino es extremadamente dependiente del consumo de Petróleo y Gas Natural, dos Recursos Naturales No Renovables.

De este modo el estudio sobre la situación y perspectiva de los mismos adquiere gran relevancia.

Las Reservas Nacionales de Petróleo y Gas Natural.

En 1988, antes de iniciarse el proceso de desregulación y privatización del sector hidrocarburos, nuestro país contaba con reservas para 14 años de petróleo (según Gustavo Calleja y Pino Solanas, del grupo Moreno, serían en verdad para 23 años) y reservas para 35 años de gas natural. La casi totalidad de las mismas fueron desarrolladas por la entonces Estatal YPF.

En la actualidad, debido a las prácticas depredatorias de las empresas del sector y favorecido por las políticas sectoriales entreguistas de los sucesivos gobiernos, nuestro país cuenta con reservas de petróleo y de gas natural para apenas 8 años.

Esta peligrosa caída en el horizonte de reservas tiene una simple explicación: caída de la actividad de exploración e intensificación extractiva. Mientras para niveles extractivos en torno a los 27 millones de m3 de petróleo y 23 mil millones de m3 de gas natural, la estatal YPF realizaba unos 120 pozos anuales de exploración; luego de la privatización se están realizando unos 23 pozos anuales de exploración, con niveles extractivos en torno a los 40 millones de m3 en el caso del petróleo y 50 mil millones de m3 en el caso del gas natural.

Un punto importante a considerar es la Tasa de Reposición de Reservas, es decir, que porcentaje de los hidrocarburos extraídos son repuestos por la actividad de exploración.

Respecto al petróleo, durante los años noventa esa tasa era cercana al 70 por ciento, para el período 99/04 fue menor al 60 por ciento y en el período 2003/2005 fue del 18 por ciento.

Respecto al Gas Natural, en la década del 90 la reposición fue, en promedio, del 100%. Desde entonces se produce una brutal caída de la cantidad de reservas, producto de que la tasa de reposición se hará negativa. En 5 años las reservas cayeron en casi 300 mil millones de m3, mientras la extracción acumulada de ese período rondó los 250 mil millones de m3. (Una posible explicación de esto sería la subdeclaración de los montos extraídos y exportados de gas natural por parte de las empresas).

Como sea, los datos sobre reservas y extracción se basan en declaraciones juradas de las empresas del sector, sin ningún tipo de control por parte del gobierno.

Respecto a las empresas que tienen en concesión las reservas tenemos para el año 2005:

Petróleo: Repsol (+ Pluspetrol) (España/EEUU) 32 %

Pan Américan (Ing/EEUU/Arg) 25,2 %

Petrobrás (Bra) 7,6 %

Vintage Oil (EEUU) 7,6 %

Chevron San Jorge (EEUU) 7,4%

Tec Petrol (Arg) 5,7%

(Primeras 6 empresas 86 %)

Gas Natural: Repsol (+ Pluspetrol) (España/EEUU) 30,7%

Total Austral (Fra) 27,6

Pan Américan (Ing/EEUU/Arg) 21 %

Petrobrás (Bra) 7,7 %

Tec Petrol (Arg) 3,7%

(Primeras 5 empresas 89%)

Extracción de Petróleo y Gas Natural.

Durante la década del 80 la extracción de hidrocarburos estuvo destinada al consumo interno. Guiada por el objetivo del autoabastecimiento, YPF logró niveles de extracción que terminaron con las importaciones y aislaron al país de los vaivenes de los precios internacionales de combustibles. Con un promedio en los años 80 de 27 millones de m3 de petróleo y un nivel para fines de esa década de 23 mil millones de m3 de gas natural, el país satisfacía sus necesidades hidrocarburíferas.

La nueva lógica que imperó desde la desregulación y privatización del sector, elevó la extracción de petróleo a un promedio de 43,8 millones de m3 para el período 94/05 y la extracción de Gas Natural, en constante crecimiento, a niveles superiores a los 50 mil millones de m3 para los últimos 4 años.

Se puede afirmar que el incremento de los niveles extraídos de petróleo tiene por destino principal la exportación, tanto de petróleo crudo como derivados. Respecto al aumento en la extracción de gas natural una parte corresponde a la demanda interna y otra a la exportación.

Aquí nuevamente nos encontramos con datos poco claros provenientes de las empresas. Por ejemplo, para el año 2005, tenemos un total extraído de gas natural de 51,5 mil millones de m3. De éstos, 34,6 mil millones corresponden al mercado interno, 6,6 mil millones son exportaciones declaradas por las empresas y 10,2 mil millones son de destino desconocido (blanqueado como “venteo”, “consumo en yacimiento” y “otros destinos”),

según algunos especialistas estaríamos frente a un contrabando de gas natural.

Respectos a las empresas que operan en el sector tenemos:

Petróleo: Repsol (+ Pluspetrol) (España/EEUU) 42,5 %

Pan Américan (Ing/EEUU/Arg) 15,8 %

Petrobrás (Bra) 9,6 %

Chevron San Jorge (EEUU) 9,1%

Vintage Oil (EEUU) 5,2 %

Tec Petrol (Arg) 4,9 %

(Primeras 6 empresas 87 %)

Gas Natural: Repsol (+ Pluspetrol) (España/EEUU) 39,3%

Total Austral (Fra) 23,5 %

Pan Américan (Ing/EEUU/Arg) 13,1 %

Petrobrás (Bra) 8,9 %

Tec Petrol (Arg) 4,8%

(Primeras 5 empresas 90 %)

Exportaciones y Consumo Interno.

La extracción de Gas Natural y Petróleo tiene por destino el consumo nacional y la exportación. Parte del consumo nacional se exporta como derivados de petróleo. Desde la privatización de YPF y Gas del Estado, se fue configurando carácter exportador del modelo.

Para el petróleo, desde el año 93 las exportaciones crecen hasta los años 1997 y 1998 donde se llega a exportar el 40 por ciento de lo que se extrae, unos 19 millones de m3. Desde esos años empieza a cobrar mayor relevancia la exportación de derivados del petróleo, que para su producción se

destinará una porción cada vez mayor de los volúmenes de crudo volcados al mercado interno. Como efecto neto, hasta el año 2005 el volumen de crudo involucrado en la exportación se mantiene entre el 40 y el 50 por ciento del total extraído. El promedio para el período 96/05 fue de 21 millones de m3, es decir un 47,4 por ciento de lo extraído. De modo que sólo el 52,6 por ciento se vuelca al mercado interno.

Respecto al Gas Natural, las exportaciones declaradas son crecientes desde el año 1997 y hasta la actualidad, y se ubican en torno a los 7 mil millones de m3. Si tenemos en cuenta el uso doméstico, sólo el 67 por ciento del gas natural extraído fue vendido al mercado interno.

Desde el año 1998 las cantidades exportadas de petróleo vienen cayendo para llegar el año 2006 a un nivel inferior al del año 1994. Respecto a los derivados la caída que se produce desde el año 2004, para llegar en el año 2006 a los volúmenes exportados en el año 2000. Sin embargo, medidos en dólares, las exportaciones de hidrocarburos llegan en 2005 a su máximo nivel, unos 5.700 millones de dólares, de los cuales unos 5.300 millones de dólares corresponden a petróleo y derivados.

Las empresas involucradas en los negocios de exportación son:

Petróleo: Pan Américan (Ing/EEUU/Arg) 36,9 %

Chevron San Jorge (EEUU) 21,4 %

Repsol (España/EEUU) 15,3 %

Vintage Oil (EEUU) 8,7 %

Tec Petrol (Arg) 5,8 %

Petrobrás (Bra) 5,2 %

(Primeras 6 empresas 93,3 %)

Principalmente a Chile y EEUU

Gas Natural: Repsol (España/EEUU) 47,2 %

Pan Américan (Ing/EEUU/Arg) 9,3 %

Total Austral (Fra) 7,7 %

Wintershall Energía 7,6 %

Mobil Explor. & develop. 4 %

Sipetrol (Chile) 4 %

(Primeras 6 empresas 80%)

Principalmente a Chile y Brasil.

Derivados: Repsol (España/EEUU) 57,6 %

Shell (Ing/Hol) 14,8 %

Esso (EEUU) 12,9 %

Petrobrás (Bra) 6,9

(Primeras 4 Empresas 92,3%)

Principalmente a Chile y EEUU.

La renta petrolera.

Para el año 2005 la renta petrolera fue de entre 12.000 y 12.500 millones de dólares, según distintos cálculos. La misma se divide entre las empresas del sector, el estado nacional y las provincias, y los usuarios (por precios inferiores a los internacionales). Según un cálculo de Herrero y Mansilla (2006) los porcentajes serían: Nación 26 %, provincias 6 %, empresas extractoras y comercializadoras de crudo 27 % y el otro 41 % se divide entre empresas productoras de derivados y usuarios, aunque la mayor parte va a las empresas que destilan. De este modo es posible que la división final sea de un 40 por ciento entre estado y usuarios; y un 60 por ciento las empresas del sector. De este modo, estas pocas empresas, para ser más precisos, estas 8 empresas se estarían llevando unos 7.200 millones de dólares de renta petrolera. Eso es

además de la ganancia empresaria normal, que se calcula entre los costos. Para el año 2006 la renta petrolera ascendería a 15.000 millones de dólares, de los que 9.000 millones se los llevan las trasnacionales del sector.

Como Repsol tiene el 42,5 por ciento del mercado de extracción de crudo y el 58 por ciento del mercado de crudo refinado; esta trasnacional se tiene que haber quedado con unos 3.700 millones de la renta petrolera argentina del año 2005 y unos 4.600 millones de dólares en el año 2006.

Diego A. Kofman

febrero 2007